COP30: desafíos globales frente a la emergencia climática

En 1992, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro dio lugar a la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que sentó las bases para las Conferencias de las Partes (COP). Tres décadas después, Brasil volverá a reunir a líderes de todo el mundo para la COP30 en un momento crítico para el planeta. La aceleración de los efectos del cambio climático, manifestada en fenómenos como temperaturas extremas, sequías prolongadas y el aumento de los desastres naturales, exige una acción urgente y ambiciosa.   

La elección de Brasil como sede de esta conferencia representa una oportunidad para proteger la Amazonia, el sumidero de carbono terrestre más importante del mundo, y abordar asuntos clave ante una situación de urgencia global sin precedentes. La ciencia es clara: el tiempo para tomar decisiones transformadoras se agota y los riesgos de inacción son cada vez mayores para el medio ambiente, para nuestra salud y para la estabilidad social y económica global. 

El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa que hayamos registrado jamás. Además, ese mismo año, los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord.  Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo.

Las personas viven en su propia piel los efectos del cambio climático, que incluyen cambios en los patrones del tiempo, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos que podamos observar. Estos efectos del cambio climático tienen un impacto negativo en la economía y la vida de las personas, las comunidades y los países, especialmente en los más pobres y vulnerables.

El consenso científico nos sitúa en un momento decisivo si queremos evitar cambios irreversibles en los ecosistemas y en el clima del planeta. La edición 2022 tiene lugar en un momento especialmente importante, porque tan solo unas semanas después de La Hora del Planeta, se celebra la COP15 del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, una ocasión en la que se debatirá sobre un nuevo plan de acción global capaz de detener y revertir la pérdida de biodiversidad.

En junio de 2024, se alcanzó un máximo histórico: durante 12 meses consecutivos la temperatura media global superó en 1,5 °C los niveles preindustriales. La evidencia científica advierte que esto podría ser el inicio de un período prolongado de calentamiento, lo que implicaría el incumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. En este sentido, Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, declaró que «el hecho de superar el umbral de 1,5 °C durante un año específico no significa que no podamos alcanzar los objetivos de temperatura a largo plazo fijados en el Acuerdo de París, porque su consecución depende de valores medidos a lo largo de décadas y no respecto a un año concreto». A pesar de ello, la experta reconoció que «cada fracción de grado de calentamiento cuenta. Con independencia de si la temperatura queda por debajo o por encima del umbral de 1,5 °C, toda intensificación adicional del calentamiento global agrava sus consecuencias para nuestras vidas, nuestras economías y nuestro planeta».  

Los eventos meteorológicos extremos, cada vez más intensos debido al cambio climático, ya están causando impactos adversos, pérdidas y daños tanto en los ecosistemas como en los seres humanos. En 2024, la red internacional de investigación World Weather Attribution (WWA) identificó un total de 219 fenómenos meteorológicos extremos. En los 26 fenómenos estudiados por la organización se registraron al menos 3.700 muertes. Además, la WWA estima que los diez eventos climáticos extremos más mortíferos de los últimos veinte años han causado más de 570.000 muertes.  

La crisis climática está teniendo efectos devastadores en la vida de las personas. Algunos son más evidentes, como los que se reflejan en eventos meteorológicos extremos, pero también existen otros que pasan más desapercibidos, aunque tienen un gran impacto en la salud y la calidad de vida. Myrto Tilianaki, asesora sénior en derechos humanos y medio ambiente en Human Rights Watch, explica que «la quema de combustibles fósiles es la principal causa del colapso climático global, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Las comunidades cercanas a las zonas de extracción y producción han soportado durante décadas los peores impactos de esta industria». En este sentido, la experta hace referencia a un estudio realizado por Human Rights Watch en el que se demuestra el impacto de la contaminación generada por la industria de combustibles fósiles y petroquímicos en el llamado «Corredor del cáncer», en Luisiana.

La primera COP, celebrada en Berlín en 1995, dio inicio a las negociaciones internacionales para definir acciones concretas contra el cambio climático. Dos años después, en la COP3 celebrada en 1997 en Japón, se adoptó el Protocolo de Kyoto, con objetivos vinculantes de reducción de las emisiones para 36 países industrializados y la Unión Europea. Sin embargo, su impacto fue muy limitado al no incluir a los países en desarrollo.  

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, representó un avance crucial al establecer objetivos globales, como limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 °C respecto a los niveles preindustriales, con el esfuerzo adicional de no superar los 1,5 °C.  En este marco, cada país debe presentar, cada cinco años, un plan conocido como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en el que se detallan las acciones que llevará a cabo para alcanzar estos objetivos.  

A pesar de los esfuerzos, el Informe de Síntesis de las NDC señala que la implementación de todos los planes actuales solo lograría una reducción de 51,5 gigatoneladas de CO2 para 2030, lo que representaría una disminución de apenas un 2,6 % respecto a los niveles de 2019. Este porcentaje está muy lejos de cumplir con los objetivos globales de reducción de emisiones. De hecho, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido que para 2030 se necesita una reducción del 43 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 2019, una meta que hoy parece lejos de cumplirse. 

Este año, los países deben presentar nuevos planes climáticos para acelerar la transición hacia economías bajas en carbono. A pesar de que la mayoría de los países no ha presentado sus planes en los plazos acordados, la ONU confía en que más de 170 países envíen sus nuevos planes climáticos antes de la COP30. Sin embargo, su calidad es clave y, por ello, la ONU ha enfatizado que, si no son lo suficientemente ambiciosos, el mundo se encaminará a un aumento de temperatura superior a los 3 °C, lo que tendría consecuencias catastróficas. 

Este compromiso global es esencial, pero las incertidumbres geopolíticas siguen siendo un obstáculo. En la COP29, celebrada en Bakú, los países desarrollados acordaron recaudar, al menos, 300.000 millones de dólares anuales para 2035 con el objetivo de financiar la acción climática en países en desarrollo. Aunque esta cifra supera los 100.000 millones de dólares anuales acordados en Copenhague en 2009, sigue estando muy lejos de las necesidades reales estimadas por la comunidad científica y los países más vulnerables.

Un estudio publicado en la revista Nature estima que, independientemente de las decisiones futuras, el cambio climático ya va a implicar una reducción del 19 % en los ingresos globales de los próximos 26 años. El informe también señala que el coste de mitigar las emisiones futuras es considerablemente menor que los daños económicos que causará continuar con el uso de combustibles fósiles. 

En este contexto, las aseguradoras a nivel global no solo enfrentan los riesgos tradicionales, sino también nuevos eventos derivados del cambio climático. En las últimas décadas, estos eventos han aumentado un 10 %, lo que ha provocado un incremento del 36 % en las pérdidas del sector asegurador y ha implicado un coste total de 367.300 millones de euros. Frente a esta realidad, el sector asegurador debe convertirse en un actor fundamental en la transición energética y en las transformaciones imprescindibles para garantizar la sostenibilidad ambiental.  

Por ello, desde MAPFRE participaremos activamente en la COP30 y estamos intensificando nuestros esfuerzos para sensibilizar sobre los riesgos que afectan al sector asegurador. Para ello, realizaremos encuentros con la plantilla, con personas expertas y con grupos de interés con el objetivo de reflexionar y ofrecer pautas que puedan contribuir a frenar el deterioro del planeta. Como explica Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, «nuestro compromiso medioambiental es ir elevando la exigencia en sostenibilidad de una manera firme y progresiva, acompañando a la sociedad en una transición energética justa con fuerte vocación social, es decir, que permita ayudar y acompañar a las empresas a que se transformen y puedan seguir creando riqueza, de una manera cada vez más sostenible y respetuosa con el medio ambiente». 

En este contexto, en MAPFRE impulsamos diferentes acciones dentro de nuestro Plan Corporativo de Sostenibilidad Global, que incluye compromisos de inversión y suscripción para descarbonizar la economía y promover un modelo de transición energética justa. En el ámbito de los productos y servicios ESG, destacan iniciativas como el Fondo de Biometano, así como seguros específicos para vehículos eléctricos, pólizas agrícolas con coberturas frente a daños en cultivos y seguros de hogar y comercio que incluyen cláusulas por fenómenos atmosféricos. Asimismo, promovemos la accesibilidad al seguro con soluciones para la población con menores ingresos, con proyectos como MAPFRE na Favela.  

Por otro lado, en materia de inversión, aplicamos criterios estrictos de exclusión: no invertimos en compañías que obtengan el 30 % o más de sus ingresos de la generación de energía a partir del carbón. En esta línea, tampoco aseguramos la construcción de nuevas infraestructuras vinculadas a minas de carbón, centrales térmicas, arenas de alquitrán ni a la exploración de petróleo o gas en el Ártico. 

Gracias al esfuerzo dedicado para reducir el consumo de energía y la descarbonización de las operaciones, hemos logrado reducir nuestra huella de carbono en un 25 %. Además, estamos desarrollando diferentes proyectos para compensar nuestra huella de carbono, con proyectos de reforestación en España, Portugal y Perú, y el proyecto Floresta en Brasil, que han permitido la plantación de más de 6.500 árboles y la compensación de más de 30.000 toneladas de CO₂. Para promover la economía circular, también hemos impulsado iniciativas como CesviRecambios, que da una segunda vida a miles de piezas procedentes de vehículos declarados siniestro total.  

En todo este proceso, las alianzas estratégicas y la colaboración con diversos actores políticos, económicos y sociales son fundamentales. Por ello, también colaboramos con organizaciones como WWF España, Funzel, Bird Life, Nature Trust y Para la Naturaleza para la protección de la biodiversidad y tejemos alianzas con empresas que están apostando por las energías renovables, como Iberdrola. 

ARTICULOS RELACIONADOS: