Disturbios y violencia política, un riesgo en ascenso pero imprevisible

En el mundo asegurador, los daños así ocasionados y su cobertura se conocen como SRCC, las siglas en inglés de huelgas, disturbios y conmoción civil. Los principales problemas a los que se enfrenta el sector asegurador con estos riesgos son, por un lado, la gran destrucción que pueden causar, y por otro, su carácter imprevisible.

• Son potencialmente devastadores

Entre los mayores sucesos de desórdenes públicos de los últimos años, uno de los más mediáticos fueron los disturbios que siguieron a la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020 en todo Estados Unidos. Las protestas acarrearon actos vandálicos en más de un centenar de ciudades a lo largo de todo el país, que supusieron un coste aproximado para la industria aseguradora de unos 1.500 millones de dólares. 

Pese a ello, no es el evento de mayor magnitud de los últimos años. En 2021, la detención en Sudáfrica del expresidente Jacob Zuma desató unas protestas que, inflamadas por el descontento por la situación económica y tensiones raciales, acabaron desatando una oleada de violencia en el noroeste del país. Cientos de tiendas, centros comerciales, fábricas, y otras propiedades e infraestructuras fueron saqueados y quemados, lo que dejó un coste estimado para las aseguradoras de unos 1.700 millones de dólares.

• Un riesgo de carácter imprevisible

Pese a la naturaleza espontánea -y por tanto poco previsible – de muchos riesgos, el seguro basa buena parte de su actividad en ponerlos en cifras y modelizarlos, lo que se puede hacer con los siniestros, accidentes o incluso eventos naturales extremos. En el caso de los desórdenes sociales, y pese a que las compañías dedicadas a estos grandes riesgos cuentan con analistas de riesgos políticos, las proyecciones con este tipo de eventos son extremadamente difíciles.

Hay indicadores que influyen en este riesgo, como la proximidad de unas elecciones en países donde la violencia política es más frecuente, y por supuesto causas más profundas, como una mala situación económica, pero los hechos que finalmente prenden la mecha son muy diversos. La Primavera Árabe, que agitó y derribó Gobiernos en toda esta región a comienzos de la década pasada, también dejando daños millonarios, comenzó tras la confiscación de su mercancía a un vendedor ambulante, quien más tarde se inmoló como protesta.

Diferentes estudios del sector asegurador apuntan que se está registrando un aumento de las indemnizaciones derivadas de la conflictividad social, una tendencia que confirma Javier San Basilio, director general adjunto de MAPFRE RE. “En los daños relacionados con las coberturas de huelgas, disturbios y conmoción civil, hemos visto recientemente un incremento tanto de su frecuencia como de su intensidad y coste”, afirma San Basilio.

Esta mayor incidencia está llevando al sector a replantearse el modo en que se cubren los riesgos SRCC, con una delimitación mayor de las coberturas y su asignación a contratos específicos de riesgos políticos. Es un movimiento similar al que se dio tras los atentados del 11-S, cuando los daños por ataques terroristas fueron excluidos de la gran mayoría de pólizas generales, y comenzaron a ser cubiertos de manera conjunta por pools de aseguradoras que mutualizan el riesgo.

Estos pools ya operan en muchos países también para riesgos políticos. Es el caso de España, donde el Consorcio de Compensación de Seguros se encargade cubrir los daños “ocasionados violentamente como consecuencia de rebelión, sedición, motín y tumulto popular”. Así, es este fondo común de las entidades privadas el que responde a los daños de esta naturaleza, que de otro modo podrían desestabilizar económicamente a cualquier compañía, en caso de alcanzar una magnitud como la de sucesos vistos anteriormente.

“La industria aseguradora necesita claridad y previsibilidad ante este riesgo creciente y en evolución constante”, explica Javier San Basilio. Por parte de los expertos de MAPFRE RE, la unidad de reaseguro de MAPFRE, la respuesta adecuada pasa por una aclaración de estas coberturas; una tarificación adecuada, ya que las coberturas SRCC se ofrecían casi sin coste adicional en tiempos de mercado “blando”; una limitación del posible impacto, ante la especial preocupación que genera un posible evento sistémico, de carácter global; y una colaboración con las distintas autoridades nacionales para establecer mecanismos de gestión del riesgo, como los pools especializados.

La necesidad de claridad en los contratos es vital para un fenómeno como la violencia política, que es en principio más abstracto que otras coberturas y, en ausencia de una definición precisa, puede dar pie a interpretaciones diversas. Es lo que sucedió tras las masivas manifestaciones y disturbios que tuvieron lugar en Indonesia en 1998, y que causaron daños materiales por valor de unos 250 millones de dólares.

El riesgo político no estaba cubierto en la mayoría de los contratos de seguros, cedidos en gran medida a reaseguradoras internacionales, por lo que inicialmente el sector no se vería tan afectado. Pero el regulador local dictaminó que los desórdenes no habían tenido una motivación política, en un fallo muy discutido -las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar esas fechas terminaron con la renuncia del presidente Suharto-. Las reaseguradoras pagaron finalmente las indemnizaciones, tras exigir que se introdujesen nuevas cláusulas para los contratos futuros que zanjasen este debate.

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