logo-mapfre
Madrid 1,867 EUR 0,01 (0,38 %)
Madrid 1,867 EUR 0,01 (0,38 %)

ECONOMÍA| 17.11.2022

Así impacta el riesgo climático en el sistema financiero

Thumbnail user

La cumbre anual del clima de Naciones Unidas, conocida como COP27, advierte de que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se deben reducir un 43% para 2030 si se quiere evitar una catástrofe ambiental. Se trata de una amenaza que afecta a todos, incluido el sector financiero. 

El impacto se puede ver en el nivel crediticio, reputacional, operacional y de mercado. Del lado de las aseguradoras, los eventos climáticos extremos pueden impulsar una caída en la cobertura de seguros. Para la banca, esto se traduce en un aumento de la probabilidad de impago tanto del lado de las familias como de las empresas, así como en una reducción de las garantías que respaldan un préstamo. También afectan los precios de los activos y su volatilidad, además de reducir la capacidad de pago de los prestatarios.

Ambos, aseguradoras y bancos, tienen algo que perder. El último informe global de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, publicado en 2021, muestra que más del 35% de los activos de inversión de las aseguradoras (incluidas las acciones y la deuda corporativa, los préstamos e hipotecas, los bonos soberanos y los bienes raíces) podrían considerarse “relevantes para el clima”, es decir, expuestos a los riesgos climáticos. La mayoría de ellos se relacionan con contrapartes en los sectores de vivienda e intensivos en energía. El organismo precisa además que las aseguradoras están doblemente expuestas porque suscriben riesgos e invierten en activos que podrían verse afectados por el cambio climático.

Ricardo González García, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics, explica que los efectos derivados del cambio climático están provocando un aumento en la frecuencia y severidad de las catástrofes naturales. Se estima que, en general, estos riesgos secundarios representan más de la mitad de las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales y, particularmente, en 2021 representaron más del 70% de todas las pérdidas aseguradas por esto tipo de sucesos. En 2021 se estima que las pérdidas económicas globales atribuibles a catástrofes naturales, con datos de Swiss RE, se situaron en torno a 270.000 millones de dólares, 50 mil millones más que el año previo. El total de pérdidas aseguradas ascendieron a 119.000 millones de dólares, el cuarto importe más alto para un solo año en los registros disponibles.

Por otro lado, el Banco Central Europeo advirtió recientemente a los bancos de que, si no abordan los riesgos financieros derivados del cambio climático, habrá mayores requisitos de capital y multas, lo que aumentará la presión en el sistema. Previamente, en julio de este año, la entidad presidida por Christine Lagarde calculó un impacto negativo de 70.000 millones de euros para la banca como consecuencia de un aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Además, según el regulador europeo, casi dos tercios de los ingresos que genera el sector por parte de clientes corporativos no financieros provienen de industrias intensivas en gases de efecto invernadero, lo que aumenta la posibilidad de que la transición hacia una economía de bajas emisiones sea desordenada.

En medio de estos retos a los que se enfrenta el sector financiero, está la guerra en Ucrania, que ha afectado la inversión en fondos ESG. El último informe publicado por el Comité Conjunto de las Autorida­des Europeas de Supervisión (EBA, ESMA e EIOPA) precisa que los volúmenes de emisión de bonos ESG cayeron un 29% desde principios de año hasta junio, en comparación con el mismo periodo de 2021. Del lado positivo, la emisión por parte de las empresas europeas se mantuvo a la par gracias, sobre todo, a la expansión del mercado de bonos vinculados a la sostenibilidad.

¿Cómo se combate?

Para cumplir con sus mandatos frente al cambio climático, la Unión Europea diseñó el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR UE), que tiene como objetivo mejorar la transparencia y estandarización de los productos financieros en el ámbito medioambiental. Se suma el Reglamento sobre la taxonomía, que establece una lista de actividades económicas que pueden considerarse sostenibles en base a seis objetivos medioambientales. Es quizá la medida más importante, pero en este año se ha convertido también en la más polémica, después de que Bruselas aprobara incluir la energía nuclear y el gas entre las actividades cubiertas por la etiqueta verde.

En paralelo, el Consejo Europeo acordó en junio de este año las modificaciones de la Directiva de Solvencia II, donde destaca el rol del sector de los seguros y reaseguros para contribuir a la realización de la Unión de los Mercados de Capitales y a la financiación de las transiciones verde y digital. En cuanto al papel de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA), el Consejo le ha encomendado la tarea de preparar un informe sobre la evaluación de los riesgos relacionados con la pérdida de biodiversidad por parte de las aseguradoras, junto con las catástrofes naturales y los riesgos relacionados con el clima, en consonancia con el “Green Deal” europeo, y también le ha pedido definir directrices coherentes para las normas nacionales que siguen las aseguradoras al evaluar sus riesgos macroprudenciales, es decir, los riesgos que afectan a todo un sector o a la economía en su conjunto.

Por otra parte, el Instituto de Finanzas Internacionales propuso en 2021 que las autoridades prudenciales consideren tanto el objetivo microprudencial de resiliencia como el macroprudencial de examinar la sintonía del sistema financiero con el futuro climático. En julio de este año, recomendó el uso de métricas estandarizas para cuantificar el impacto de diferentes escenarios de riesgo.

A nivel empresarial, en el marco de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2022-2024, bajo el concepto #LaParteQueNosToca, MAPFRE se ha comprometido a contribuir a la descarbonización de la economía, apuntando a alcanzar la neutralidad de emisiones de efecto invernadero para 2050, es decir, cero emisiones netas en sus carteras de suscripción de seguros y reaseguros. Para lograr esta meta, MAPFRE promueve acuerdos, productos y servicios para reducir el consumo de energía y la huella de carbono, y asume compromisos públicos como no asegurar ni invertir en compañías de carbón, gas o petróleo que no cuenten con un plan de transición energética.

MAPFRE también se ha comprometido a desarrollar una gama de productos denominados ISR que, además de ser rentables para el cliente, tienen un impacto positivo en la sociedad. Por su parte, MAPFRE Asset Management, la gestora de activos de la compañía, cuenta con varios fondos específicos adaptados al nuevo reglamento europeo sobre divulgación de finanzas sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés), y existen otros productos de inversión sostenible como el fondo de infraestructuras lanzado con Abante o las inversiones en energía renovables junto a Iberdrola.

Entre 2019 y 2021 MAPFRE ha disminuido en un 20% sus emisiones y ha reducido en más de un millón de toneladas aquellas asociadas a las inversiones. Es una cifra que, según explica Javier Miralles, Equity Portofolio Manager en MAPFRE AM, “es susceptible de mejoras en el futuro y demuestra el compromiso de la compañía en combatir los riesgos climáticos”.

Nuevos retos para el sector asegurador

De acuerdo con González García, las entidades aseguradoras ya tienen modelos para poder calcular el precio de los seguros, pero si se producen desviaciones importantes a consecuencia del cambio en los patrones de comportamiento de estos sucesos y en su severidad, puede llegar un momento en el que el coste de las coberturas sea tal que terminen desapareciendo del mercado o simplemente queden en una situación de riesgos no asegurables por falta de datos para su tarificación.

En cualquier caso, existe una importante brecha de protección contra algunos eventos concretos como es el caso de las inundaciones. Se calcula que en los últimos 20 años, los seguros solo han cubierto el 7% de las pérdidas económicas totales por inundaciones en los mercados emergentes y el 31% en las economías avanzadas. Para estos casos donde el seguro no puede llegar suelen existir otro tipo de mecanismos basados en ayudas públicas o colaboraciones público-privadas que tratan de paliar en alguna medida los daños sufridos por la población. Bajo este panorama, García reconoce que “todavía queda mucho por hacer y las entidades aseguradoras pueden aportar mucho conocimiento e infraestructura para hacer llegar este tipo de fórmulas y combatir el escenario al que nos enfrentamos”.