Hacia hogares más resilientes: cómo prepararnos ante el aumento de fenómenos climáticos extremos

A la hora de elegir dónde vivir, los riesgos meteorológicos no son la prioridad de ninguno de los actores que interviene en el proceso. Los propietarios suelen elegir la zona de su vivienda en base a criterios como el precio y la calidad de vida, y no piensan tanto en los riesgos meteorológicos o la disponibilidad de los seguros. Paralelamente, los gobiernos locales pueden verse obligados a construir vivienda asequible en zonas que estén más expuestas, en tanto que los sistemas de tasación y concesión de hipotecas se centran más en las condiciones crediticias y de mercado de los prestatarios.  

Así lo destaca la Asociación de Ginebra en su informe Safeguarding Home Insurance: Reducing exposure and vulnerability to extreme weather, que profundiza sobre el impacto de las catástrofes climáticas en las viviendas de Australia, Canadá, la Unión Europea (UE), Japón y Estados Unidos. 

El acceso al seguro se vuelve imprescindible en este contexto, especialmente si se tiene en cuenta que aseguradoras y reaseguradoras son, en muchos casos, las primeras que responden cuando hay grandes catástrofes climáticas para dar apoyo financiero a los afectados. Pero el aumento de estas hace que aumente la preocupación sobre la disponibilidad de los seguros de vivienda y sobre si estos van a poder ofrecerse a un precio asequible a los propietarios, teniendo en cuenta el aumento del riesgo en algunas de las zonas estudiadas, como Estados Unidos. 

«En los últimos años, medidas inadecuadas de reducción de riesgo y de prevención han forzado a las aseguradoras a limitar o dejar de ofrecer pólizas para cubrir ciertas amenazas en algunas áreas de Estados Unidos», ha destacado Maryam Golnaraghi, directora de Cambio Climático y Medioambiente de la Asociación de Ginebra, durante la presentación del informe.  

Pero, ¿qué se puede hacer para atajar esta situación? La Asociación de Ginebra propone tanto cambios estructurales como la escalada de medidas ya implementada. 

La mejora del proceso de valoración de las propiedades que se utiliza para las tasaciones es uno de los cambios estructurales propuestos, con el objetivo de que se incluya el valor asegurado (como el coste de la reconstrucción, por ejemplo) y su riesgo. El fortalecimiento de la colaboración intersectorial, la implementación de tarifas que reflejen el riesgo y la incorporación de estrategias de riesgos climáticos por parte de las agendas crediticias son claves también para atajar el problema de la asegurabilidad en zonas expuestas a catástrofes climáticas. 

Otro de los cambios estructurales que los autores del estudio consideran que se puede implementar son los pools respaldados por gobiernos.  En este artículo, te hablamos del Pool Español de Riesgos Medioambientales (PERM), una institución con más de tres décadas diseñada por el propio sector asegurador para mejorar la capacidad de proteger estos riesgos. 

En cuanto a las medidas que ya se han ido implementando y que necesitan escalarse, los autores del estudio destacan el alcanzar un consenso sobre qué supone una amenaza y cuáles son los riesgos a nivel local. «La colaboración entre gobiernos, aseguradoras y otros stakeholders puede ayudar a identificar regiones con una exposición creciente a temperaturas extremas, destacar iniciativas de resiliencia que hayan tenido éxito y promover la expansión del seguro privado», destacan. 

El desarrollo de soluciones para prevenir los riesgos en las nuevas construcciones, el rediseño de la respuesta de gobiernos a los desastres o la inversión en innovación también tendrán un papel crucial en los próximos años.  

Las aseguradoras y reaseguradoras están invirtiendo en investigación para entender las causas de los riesgos, desarrollar medidas de resiliencia e innovar en productos y servicios, pero estas compañías no pueden resolver estos problemas solas. 

La colaboración público-privada seguirá siendo esencial en este ámbito. La Asociación de Ginebra propone mejorar las asociaciones para aumentar la concienciación y fortalecer la resiliencia, así como la creación de pools respaldados por el gobierno que promuevan y apoyen medidas de resiliencia.  

Un claro ejemplo de colaboración público-privada en España es el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que indemniza siniestros extraordinarios que las aseguradoras no cubren, como aquellos producidos por la naturaleza. La dana de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana es uno de los casos más recientes cubierto por el consorcio. Sin embargo, no se trata de una figura de reciente creación: su origen se remonta a 1941. Hoy está adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. 

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