Las condiciones naturales de Latinoamérica la hacen una de las zonas más propensas a sufrir desastres naturales. Tanto los de origen atmosférico (con huracanes en ambos océanos, sequías, inundaciones…), que suponen en torno a nueve de cada diez del total, como los no atmosféricos, entre los que se incluyen los terremotos y volcanes en una zona con mucha actividad sísmica y volcánica, son una amenaza a las que los países latinoamericanos aún pugnan por adaptarse.

Entre otras vertientes, las catástrofes naturales han sido y siguen siendo un lastre económico para la región. Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, el Servicio de Estudios de Mapfre, señala la vulnerabilidad que supone para América Latina la alta densidad de población de bajos y muy bajos ingresos, así como la concentración de valor, en grandes ciudades o zonas turísticas que se encuentran expuestas a los desastres naturales.

Así, cuando llega uno de estos fenómenos extremos y extiende su devastación, además de las pérdidas personales produce un daño material y económico para estas comunidades para el que muchas veces los países no están preparados, y regiones enteras quedan deprimidas y tardan años en volver a recuperar su actividad.

Tradicionalmente, la reacción inmediata a estas catástrofes proviene de fondos públicos, que acarrean un mayor endeudamiento o carga fiscal adicional, o de la ayuda externa. “Pero quien casi siempre está fuera de la ecuación es el seguro”, afirmó Manuel Aguilera, en una mesa redonda sobre esta cuestión en el XI Encuentro de Empresas Multilatinas, celebrado recientemente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

El director general de Mapfre Economics lo ejemplificó con dos casos concretos sucedidos en México. En 2005, Cancún y la Riviera Maya fueron azotadas por el huracán Vilma, que llegó a la categoría 5, de gran capacidad destructiva. Sin embargo, la zona contaba con un elevado nivel de aseguramiento y buena parte de la respuesta vino de los seguros, lo que hizo posible una rápida recuperación económica.

En cambio, los huracanes Ingrid y Manuel golpearon de manera prácticamente simultánea en 2013, con daños especialmente graves en Acapulco, en la que la protección de los seguros era muy escasa. Sin respuesta inmediata suficiente, esta situación derivó en un impacto económico muy prolongado y a que las consecuencias se arrastrasen durante años para la población afectada.

En términos generales, la última estimación de Mapfre Economics cifra en 316.000 millones de dólares (unos 275.000 millones de euros) la Brecha de Protección del Seguro, es decir, la diferencia entre la protección aseguradora existente (que es de 215.000 millones de dólares, unos 186.000 millones de euros) y la que sería económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad. El nivel óptimo es, por tanto, de unas 2,5 veces el actual.

Sin embargo, el seguro “es necesario pero no es suficiente”, advierte Manuel Aguilera. Los potenciales daños de una catástrofe natural son demasiado voluminosos como para poder ser absorbidos en su totalidad por empresas privadas, al menos en los esquemas habituales. Este “fallo del mercado” se ha solventado en numerosos casos de éxito internacionales con la asociación público-privada.

Bajo esta fórmula, la provisión de fondos es más efectiva y menos costosa socialmente si se hace ex ante que de manera posterior al fenómeno. La creación de un gran fondo en momentos de normalidad que dé respuesta a estas situaciones sería la solución idónea, algo que en Latinoamérica ha impedido, entre otros factores, el escaso aseguramiento.

Un ejemplo de este esquema es el del Consorcio de Compensación de Seguros, en España. Este organismo obtiene sus fondos de un pequeño recargo con cada seguro que se contrata en el país. Así, cuando sucede uno de los supuestos fijados para su funcionamiento (inundaciones, terremotos, huracanes…), es el propio Consorcio, y no cada una de las aseguradoras, el que se hace cargo de las indemnizaciones que corresponden. Es, por tanto, un mecanismo de solidaridad que garantiza que se repara el coste económico del evento catastrófico, que de otro modo podría superar la capacidad de las compañías privadas.

Es una solución técnica que ya existe y ha probado su eficacia en diversas partes del mundo, recalca Manuel Aguilera, y no implica una gran movilización de recursos que podría ser compleja para las arcas públicas, sino una visión a largo plazo. Las barreras para ponerla en marcha son por ahora de naturaleza institucional.

Y es que el impacto económico de las catástrofes naturales seguirá siendo una realidad, y la tendencia apunta a que irá aumentando su coste. El reto es garantizar mecanismos de protección que hagan que ese impacto se distribuya de la forma más sostenible que sea posible.