Seguridad y Medio Ambiente FUNDACIÓN MAPFRE

Especial Medio Ambiente 2009

7.5 Bases legalesFISCALIDAD

Uno de los principales impulsos legales para la protección del medio ambiente procede de la Unión Europea. Ya en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se recogía en varios artículos la preocupación por este tema. Así, en el artículo 2 de dicho tratado se equiparaba «un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente» a conceptos como el desarrollo armonioso de las actividades económicas o la igualdad entre el hombre y la mujer.

Bases legales de la fiscalidad ambiental

En ese mismo tratado, en el artículo 6, reaparece el tema para legislar las políticas concretas que han de «fomentar un desarrollo sostenible». Esta trasposición práctica toma cuerpo en el Título XIX del tratado, en cuyo artículo 174 se especifica que la política medioambiental de la Comunidad «contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; la protección de la salud de las personas; la utilización prudente y racional de los recursos naturales; y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente».

Asimismo, es en este artículo en el que queda fijado el principio clave para la fiscalidad verde de «quien contamina, paga». Es en el punto 2 de dicho artículo donde se especifica que la política ambiental de la Comunidad se basará en «los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina, paga».

Para llevar a cabo los objetivos marcados, el artículo 174 especifica también que en la elaboración de las políticas ambientales se tendrán en cuenta «los datos científicos y técnicos disponibles; las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad; las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción; y el desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones».

Modificaciones posteriores

Tras la firma inicial del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se llevaron a cabo algunas reformas, entre las que destacan la del Tratado de Niza y la de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre.

Durante la celebración del Tratado de Niza se modificó el artículo 175, en el que se especificaba que, para llevar a cabo los objetivos ambientales recogidos en el artículo 174, el Consejo, en el proceso de toma de decisiones, adoptaría «disposiciones esencialmente de carácter fiscal», así como medidas que afecten a la organización territorial, los recursos hídricos y la gestión de residuos. Por último, se incluyen también dentro de ese ámbito de toma de decisiones las medidas que afecten de forma importante al suministro energético.

También en el artículo 175 se establece que «sin perjuicio del principio de quien contamina paga, cuando una medida adoptada […] implique costes que se consideren desproporcionados para las autoridades públicas de un Estado miembro, el Consejo establecerá, […], las disposiciones adecuadas en forma de: excepciones de carácter temporal y/o apoyo financiero con cargo al Fondo de Cohesión creado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161».

En el ámbito estatal español, y más allá del Tratado de Niza, el 23 de diciembre de 2008 se llevó a cabo la modificación de la Ley 38/1992 para establecer niveles de emisiones de CO2, delimitadores de las categorías de tributación específicamente aplicables en relación con las motocicletas. De esta manera, se mantiene la inspiración ambiental de la denominada Ley de Calidad del Aire (Ley 34/2007, de 15 de noviembre), a la vez que se evita que las motocicletas se vean favorecidas por una reducción o desaparición de su tributación.


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