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El Seguro Verde en España
Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental
El proyecto de Ley de
Responsabilidad Medioambiental,
cuya remisión a las Cortes Generales
aprobó el Consejo de Ministros en su
reunión del 9 de marzo, obligará a las
empresas españolas a partir de 2010 a
tener un seguro para reparar los daños
ambientales, con lo que se evitarían
casos como el de Aznalcóllar, que
supuso al Estado más de 70 millones
de euros que la empresa sueca
Boliden aún adeuda.
Cuestiones como ¿cuánto costarían estos seguros? o ¿cómo se puede asegurar el daño al medio ambiente? se contestan en el anteproyecto a través del estudio que el Ministerio de Medio Ambiente encargó al Grupo de Economía Ambiental de la Universidad de Alcalá: los seguros verdes costarán entre 83 y 128 millones de euros al año a las aproximadamente 5.000 instalaciones industriales, ganaderas y de transporte que operan en el territorio nacional.
La Directiva comunitaria obliga a las empresas potencialmente contaminantes a tener a partir de 2010 «un seguro o aval bancario para afrontar las catástrofes ambientales que puedan causar». Las industrias con «riesgo leve» tendrán que reservar o suscribir un seguro por un millón de euros, y las de «riesgo grave», por veinte millones de euros.
Por comunidades autónomas, Cataluña será la más afectada de todas, ya que es la que actualmente cuenta con un mayor número de empresas registradas.
El Estado español ha optado por un régimen más exigente que la Directiva europea en cuanto a la exigencia de un sistema obligatorio de garantías financieras, y ya se anuncia que esta garantía tan estricta puede hacer disminuir la competitividad de las empresas españolas.
Pero no todo son costes para las empresas. Según la Ley, la obligación de disponer de garantías financieras determinadas por ley no sólo permite cumplir con el principio de «quien contamina, paga», sino que, además, introduce otros incentivos que, en teoría, estarían conduciendo a largo plazo a una reducción del riesgo potencial.
Otros beneficios que traerá la aplicación de la Ley serán la mejora en la eficiencia de las empresas, una disminución de los accidentes laborales y un ahorro de fondos públicos por parte del Estado, que ahora tiene que destinar a reparar los daños causados.